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NICOLAS MADURO: Un abandono indiscutible por @PerkinsRocha

Se impone abordar el tema del “abandono del cargo” declarado el pasado lunes por la Asamblea Nacional (AN) en relación a Maduro. En primer lugar, es importante destacar que, no estamos frente a los supuestos de ausencia física previstas también constitucionalmente. De ser así, tendríamos que llegar a la conclusión que el texto constitucional se contradice pues le estaría otorgando a un mismo supuesto dos consecuencias distintas. El constituyente previó para las posibilidades de que el Presidente fallezca o se ausente en pleno ejercicio de su cargo, supuestos que ilustran al intérprete sobre cómo debe ser resuelto el ejercicio de la gobernanza en ambas situaciones materiales.

Lo previsto en el encabezado del artículo 233 del texto constitucional vigente, en relación al “abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”, es un supuesto absolutamente distinto a los que en relación con el Presidente de la República señala como causa de falta absoluta el constituyente, tales como  “su muerte, su renuncia, o su destitución (…) su incapacidad física o mental permanente (…)”. Se trata -junto al abandono del cargo y a la revocatoria popular del mandato-  de seis (6) supuestos completamente distintos -varios de ellos inéditos dentro de nuestra historia constitucional- que tienen un elemento en común: provocan la falta absoluta del Presidente de la República. También la constitución supo ponerle límites a las consecuencias administrativas que la ausencia física cause cuando esta se presente de forma temporal. En este caso -al igual que lo establecía el texto constitucional de 1961 en su artículo 188- nuestra constitución vigente regula la ausencia temporal (artículo 287) señalando limites cuyo traspaso pudiera provocar su conversión en falta absoluta.

Lo cierto es que tal como obliga a entenderlo el propio constituyente del 99, son dos situaciones radicalmente distintas el abandono del cargo y la ausencia física en que puede incurrir el Presidente de la República.

De los siete (7) supuestos previstos de ausencia absoluta -siete si a los seis iniciales le sumamos el de la falta temporal que se convierte en absoluta- solo dos  (2) no ameritan de un “juicio” político para declararlos, pues por su naturaleza, se manifiestan de manera incontrovertible: la muerte y la renuncia. Evidentemente en ambos casos debe haber una mínima consideración, científica en la primera y jurídica en la segunda, que avale la certeza de la ocurrencia de ambos hechos: en el caso de la muerte, el parte médico oficial; y en el de la renuncia, la manifiesta voluntad expresa, indubitable  e inequívoca de renunciar. Los otros cinco (5) supuestos ameritan de un juicio, examen o procedimiento administrativo previo a su establecimiento, a saber:

1. La destitución: debe ser decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 2. Su incapacidad física o mental permanente: debe ser certificada por una junta médica designada por el TSJ y aprobada por la AN; 3. La revocación popular de su mandato: el proceso electoral previsto en el artículo 72 constitucional; 4. La falta temporal que se convierte en absoluta por excederse de los noventa días; y, 5. El abandono del cargo.

En los últimos dos casos señalados, el órgano que de manera exclusiva tiene la potestad privativa de realizar el examen o juicio para determinar la procedencia de la falta, es la AN, lo cual se explica dada la naturaleza poco técnica y eminentemente política que este examen implica, para lo cual, dada la evidente falibilidad que tal apreciación encierra, el constituyente sabiamente decidió resolverla encomendándole a los legítimos y máximos representantes de la soberanía popular, las consecuencias de tal decisión. Como puede apreciarse, la arquitectura constitucional en este trascendental aspecto no solo es sabia sino a ratos perfecta.

En conclusión, estamos frente a una situación constitucionalmente prevista para que el órgano más representativo del sentir político de la República, como lo es la AN, resuelva a su sabio criterio -vox Populi, vox Dei- cuando un funcionario, incluso el de más alta jerarquía administrativa -en un régimen republicano no hay un “Rey Sol” pues nadie escapa del control público-, no si su gobierno es eficaz o ineficiente,  no si es mediocre o glorioso ni lo que comúnmente sería un gobierno malo o bueno; ese es un problema que cada seis años resolverán los ciudadanos electoralmente; tampoco se trata de resolver si cometió faltas administrativas o delitos penales; esto sería un asunto mas técnico para lo cual la constitución ha previsto la participación de otros órganos (TSJ, Poder Ciudadano, etc.) en su determinación. Lo que ocurrió el pasado lunes 9 de enero de este año, fue una de las decisiones constitucionales y parlamentarias más importantes que se haya podido ejecutar. Habiéndose previamente establecido la responsabilidad política por los desaciertos y desmanes que en la cosa pública existe actualmente en nuestra país, la AN declaró el abandono del cargo en que ha incurrido Maduro, por haber subvertido el orden constitucional que le establecía no solo unos deberes específicos que nunca atendió sino además una forma jurídica constitucional insoslayable la cual no solo omitió sino de la que se burló, desatendido de manera flagrante y grosera sus sagradas funciones presidenciales para las cuales juro cumplir fielmente. Sucedió que los verdaderos representantes de la patria, del soberano, ese día se lo demandaron.

Perkins Rocha

Notiexpress Color

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