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Las 10 noticias económicas más importantes de hoy 29 de septiembre

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Los niños también sufren las consecuencias de la escasez

Al preguntar en cualquier establecimiento comercial o farmacias de Valencia por: Jarabe para la tos, medicamentos para la fiebre, antialérgicos, compotas, leche con prebióticos y vitaminas; se escuchan dos palabras que a muchos les doblega el ánimo: “No Hay”. El Carabobeño

Las toallitas húmedas, pañales y productos de higiene personal para bebés también forman parte del repertorio que escasea. Abuelitas, padres y madres día a día recorren más de cinco establecimientos en busca de estos productos para sus hijos.

Algunos no pueden hacerlo durante la semana por el horario de trabajo, mientras que otros hacen largas colas por más de dos horas para adquirir algunos de estos rubros cuando llegan a algún comercio. Otros padres por necesidad prefieren pagar el triple de lo que cuesta el producto a los revendedores que colocan sus tarantines en las aceras del centro de Valencia. (La Patilla)

 

Estafadores burlan controles de la Misión Vivienda

El anuncio pudiese pasar desapercibido para algunos, pues varios de los mensajes son de lo más normales: “Se vende apartamento, tres habitaciones, un baño, sala y cocina en muy buenas condiciones”.

Lo extraño, el precio tan económico (desde 160 mil bolívares) comparado con los grandes montos (más de mil 500 bolívares) en que se venden viviendas similares. La razón de esta “oferta” es que el inmueble es uno de los entregados por la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv).

Varios de los beneficiarios de este programa social han optado por vender las casas que les han sido adjudicadas, violando así el documento de propiedad por el que se rige la misión, además de darle un valor comercial a un plan que fue creado en 2011 por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para hacer justicia social.

“Última oferta se vende apartamento supereconómico”, “bello, bonito y barato”. Con las frases anteriores personas que han sido beneficiadas por la Gmvv ofrecen en venta sus apartamentos en páginas web como www.olx.com.ve y casa.mitula.com.ve.

Ante esta situación el equipo de Últimas Noticias llamó a varios de los anuncios publicados en los referidos portales web para comprobar su veracidad. Las publicaciones eran auténticas.

Precios negociables. Uno de los vendedores que anunció su apartamento en venta a través de la página web www.roloeganga.com es María (nombre modificado). La casa, que consta de tres habitaciones, según describe el anuncio, tiene un costo de 670 mil bolívares.

Al preguntar si el apartamento era de la misión respondió de manera afirmativa. Dijo que a la hora de vender la casa quien decida comprarla debe buscar un abogado. “Él le va a hacer un documento privado donde ella le cede todos los derechos del apartamento y otro donde usted le da la cantidad”.

Este apartamento está ubicado en la Ciudad Socialista Guasimal (Ara), edificado por el Gobierno nacional en 2010 y en el cual hasta la fecha han sido entregadas miles de casas.

Varios de los anuncios de las unidades habitacionales publicadas en Internet están ubicados en Ciudad Betania II y Pueblo Nuevo. Ambas se encuentran en Ocumare del Tuy (Mir), urbanismos donde desde 2008 el Gobierno nacional se encuentra entregando viviendas dignas.

En Ciudad Betania, Karla (nombre modificado) está comercializando su apartamento a un precio de 250 mil bolívares “negociable”. El anuncio fue publicado en la misma página web. Al preguntar cuál es el documento que entregaría en caso de efectuarse la negociación, señaló: “A nosotros no nos han entregado papeles, la mayoría que ha vendido lo ha hecho con papeles hechos aquí. No ha habido problema”. Agregó: “A mí me lo dieron por caso de salud”.

 

Incurren en estafas

 

El abogado constitucionalista Jesús Silva señaló que los beneficiarios que están vendiendo sus casas están incurriendo en el delito de estafa.

“Al demostrarse que hay una actuación de mala fe, y que de una forma se ha defraudado al Estado con este tipo de acciones, habría una responsabilidad penal por estafa, y en consecuencia pudiese ser sancionado”. Agregó “cuando se detecta que un grupo de ciudadanos beneficiados proceden a vender sus casas se desnaturaliza el fin social con el que se creó la misión”.

De manera directa. El 25 de agosto, una persona que no se identificó puso en venta, en la red clasf.co.ve, su apartamento de la Gmvv ubicado en Caracas, con la siguiente descripción: “Amplio y cómodo apartamento Gmvv ubicado parroquia Coche, consta de 3 habitaciones (…)”. Finaliza con el siguiente mensaje: “Si está interesado y tiene dinero para obtener una vivienda llama, está en venta no se regala”. El vendedor no deja número telefónico, sino que los interesados deben enviar un correo.

De nuevo en roloeganga.com, una persona que dice llamarse Omar publicó el siguiente anuncio: “Vendo apartamento en Mariches Gmvv 3 hab, 2 baños (…)”, y dice que tiene un valor de 270 mil bolívares. La manera de contactarlo es igual que el caso anterior.

 

Unos los cambian.

En la página web www.doplim.com.ve se puede leer el siguiente mensaje: “Cambio apartamento de la Misión Vivienda en la Urb. Cacique Tiuna detrás de Caracas, cerca de la estación del Metro La Rinconada (… ) Lo cambio por otro de similares características ubicado en la zona centro de Caracas, preferiblemente Bellas Artes, Av. Bolívar”. Quien publica el anuncio en esta oportunidad no dice su nombre sino que da un número telefónico.

En casa.mitula.com.ve uno de los beneficiarios cambia su vivienda por carros. “Reemplazo departamento ubicado en Charallave de la amplia Misión Vivienda por dos vehículos en buen estado, de los años 1995 a 2002 para mis hijos”, dice el anuncio publicado el 9 de agosto.

Una mala práctica. Rigel Sergent, vocero de la Red de Inquilinos, indicó que quienes venden las viviendas están “reproduciendo una cultura y una práctica que se venía desarrollando desde hace años. Nosotros por ejemplo que somos un movimiento de inquilinos tenemos casos de compañeros que viven alquilados en casas que eran entregadas por Inavi en la IV República”.

Agregó: “Lo que se está reproduciendo es esa cultura, utilizar las viviendas como una mercancía. Eso es lo que hay que cambiar”.

La Gmvv es un plan enmarcado en un concepto marxista donde lo que debe prevalecer es que las casas sean utilizadas por quienes las necesitan (valor de uso) y no con fines comerciales (valor de cambio).

Sin respuesta. Ante los anuncios de venta e intercambio de unidades habitacionales que actualmente están realizando los beneficiarios de la Gmvv se envío un correo a la Oficina de Prensa del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y Ecosocialimo solicitando una entrevista al titular de esa cartera, Ricardo Molina, para conocer su opinión al respecto y las medidas que estaría implementando el Gobierno nacional contra quienes están comercializando las casas.

 

La misiva se envió el 16 de septiembre. Hasta ahora no hay respuesta.

 

En octubre de 2013, el ministro Molina señaló que en los casos donde se ha detectado que los beneficiarios venden las casas asignadas por la Misión Vivienda “se les revoca la propiedad, porque es un beneficio que les da el Estado y eso indica entonces que no la necesitaban”. Dijo que en esa irregularidad se le anula el documento de compraventa a quien la adquirió y, por supuesto, pierde el dinero: “Lo consideramos como invasor y copartícipe de una falta”.

ÚN también envió un correo a Prensa del Ministerio Público solicitando información sobre si existe o no alguna denuncia por la venta de las casas de la Gmvv, y de ser así si la están investigando, pero tampoco obtuvimos respuesta. (El Mundo)

 

Se ven más dólares para nutrir al Sicad 2

El Convenio Cambiario número 30 le da mayores incentivos al Banco Central de Venezuela (BCV) para ampliar la oferta en el Sistema Alternativo de Divisas o Sicad 2, ya que la petrolera estatal preferirá vender sus dólares relacionados al Fonden a la tasa más alta del mercado oficial, aseguran analistas en materia cambiaria.

La nueva normativa permite que Pdvsa entregue al ente emisor divisas a cualquiera de las tasas oficiales con lo que en la práctica pudiera estar decretando el final del financiamiento monetario del BCV a Pdvsa . Sin embargo advierten que, en caso de vender las divisas en el Cencoex o en el Sicad 1, se estaría ante el inicio de enormes déficits en el balance del ente emisor.

Actualmente, de acuerdo con las transacciones cambiarias del Banco Central, este organismo compra las divisas que le vende Pdvsa por sus exportaciones a un tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar .

Luego, la mayor parte de esas divisas las vende a través de Cencoex a una tasa igual, otra porción las vende en los mercados del Sistema Complementario de Divisas o Sicad 1 y en el Sicad 2, a una tasa más alta. Es decir, el BCV obtiene una “ganancia” por vender dólares de Pdvsa a las tasas de Sicad 1 o Sicad 2.

Con el nuevo convenio cambiario, el BCV empezará a comprar una parte de los dólares de Pdvsa a una tasa de, aproximadamente, Bs. 50 por dólar (Sicad 2). Estas divisas no las puede colocar en Cencoex o en Sicad 1, porque tendría una pérdida, por lo que está obligado a venderlas en el esquema alternativo de divisas.

 

Ganancia o pérdida

 

El pasado viernes entró en vigencia el Convenio Cambiario Número 30, el cual establece que la liquidación de las operaciones de venta de divisas de Pdvsa al BCV a los fines de la entrega en bolívares al Fonden, por concepto de precios extraordinarios y ganancias exorbitantes, “se hará a cualesquiera de los tipos de cambio oficiales a que se contraen los convenios cambiarios vigentes”.

En el país se manejan tres tasas de cambio a través de los distintos esquemas creados para aportar y canjear divisas: el Cencoex, a Bs. 6,30 por dólar; el Sistema Complementario de Divisas o Sicad 1, a Bs. 12 por dólar, según la última subasta; y el Sicad 2, a Bs. 50 por dólar, aproximadamente.

 

El economista Miguel Ángel Santos coincide en que si “el BCV no traslada rápidamente la tasa a la que le compra a Pdvsa (si llegara a ser la del Sicad 2), se empezarán a generar pérdidas enormes en su balance”.

 

Sostuvo además que si a partir del Convenio Cambiario Número 30, el Banco Central desplaza dólares que antes vendía al público a Bs. 6,30 por dólar a las tasas de Bs. 12 y Bs. 50 por dólar, “así comenzará el efecto fiscal”. Es decir, el Gobierno obtendría mayores recursos porque implicaría una devaluación de la moneda.

“El BCV empezará rápido a hacer espejo de la tasa a la que compra a Pdvsa en el público: si no, comprar a Bs. 50 y vender a Bs. 6,30 tendrá un impacto brutal”, destacó Santos.

El economista Ramiro Molina señaló que todo parece indicar que las divisas que Pdvsa debe transferir al Fonden serán canalizadas a través del Sicad 2, lo que resuelve el problema de la oferta en el esquema.

“Los montos diarios han estado bajando últimamente y uno infiere que esta medida es una reacción a esta caída de la oferta”, dijo a Globovisión.

Molina destaca -sin embargo- que al no conocerse cuánto es el gasto en bolívares y en dólares del Fonden, es difícil definir cuánto podría impactar esta triangulación de operaciones de Pdvsa, BCV y Fonden, “ni cuánto será el volumen que a partir de ahora se hará en bolívares y en dólares”.

El director de la firma Econométrica, Ángel García Banchs, explicó que de acuerdo a cómo se realizan las operaciones de compra y venta en el Sicad 2, el BCV debe vender en este esquema las divisas que le venda Pdvsa (relacionadas al Fonden) a una tasa de cambio mayor, de manera de evitar las pérdidas cambiarias.

“El BCV pierde si revende los dólares referidos a la tasa de Cencoex o Sicad 1”, apuntó. (El Mundo)

 

Excluyen del Cencoex a 15 empresas por no verificar uso de divisas

El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) excluyó de su registro y del Sicad 2 a 15 empresas que no atendieron su llamado a verificar el uso de las divisas asignadas, informó este sábado el organismo en su página web.

Las empresas son: Grupo Adar 101, Megabrands Venezuela, Agropecuaria Apreme, Diexcosur, Rotceh LB Factoring, Importadora Mi Gran Sacrificio 2050, Importadora Valenyura, Mega Inversiones, Agromaquinarias de Oriente Agromor, Construcciones Alova, Importadora del Este, S. M. Sports, Electrónica Mariño, Inversiones Puertas del Sol y Cristosalud.

Las empresas son parte de las 83 Personas Jurídicas que el Cencoex llamó para verificar qué hicieron con las divisas preferenciales asignadas, dentro del control cambiario que rige en Venezuela desde hace once años.

Ese grupo de 83 empresas fueron llamadas el 20 de julio tras un operativo que hizo el Cencoex para revisar el uso de los dólares asignados a un total 1.059 Personas Jurídicas.

Tras esa revisión, las 15 empresas sancionadas están excluidas del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y no podrán participar en el Sicad 2.

El Cencoex además notificará al Ministerio Público sobre estas empresas para que sean investigadas ante la presunción de algún delito cambiario y podrán ser multadas bajo los principios de la Ley de Ilícitos Cambiarios. (El Mundo)

 

Asoquim: No hemos podido usar Cencoex para adquirir divisas

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), hizo referencia a las fallas de abastecimiento que está sufriendo el sector debido a la imposibilidad de acceder a las divisas provenientes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

“En el caso de Asoquim, a lo largo del año hemos estado con un abastecimiento muy difícil especialmente porque no hemos podido utilizar el mecanismo del Cencoex como se debería usar regularmente”, informó Olalquiaga.

Afirmó que la razón primordial ha sido el incumplimiento de pagos de deudas a los clientes con fábricas en el país.

“Todavía tienen deudas con ellos y si bien se ha cancelado una porción no se abre la posibilidad de negociar hasta que no se pague todo lo que se debe”.

Informó que el Cencoex ha sido muy lento en la emisión de las AAD (Autorización de Adquisición de Divisas); estas tardan hasta 100 días cuando antes salían en tres. “Para todos los que tienen CNP (Certificado de No Producción) esto ha dificultado mucho el uso de este mecanismo, que es el único que permite ir trayendo cosas con previsibilidad”, dijo el presidente de Asoquim.

Asimismo, hizo referencia a que han tenido que recurrir a otro sistema como es el Sicad; hizo énfasis en que a principios de año se beneficiaron de esta plataforma, “lo cual permitió arrancar con el proceso de importaciones pero después se acabó”.

“La semana pasada hubo una oferta, pero algunas empresas se quedaron por fuera, al pasar eso no tienen la posibilidad de importar materia prima especialmente si no está funcionando el Cencoex”, aclaró Olalquiaga.

Aseguró que inconvenientes  como estos van dificultando el que las empresas dispongan de materia prima y su condición sea de disminución o de bajo nivel de actividad; “y sin un Sicad nuevo donde puedan obtener divisas van a seguir disminuyendo su nivel de productividad”. Agregó que tendrían que esperar a que se termine de pagar la deuda y el Cencoex cumpla para poder negociar nuevamente con los proveedores internacionales y que simultáneamente salgan las AAD “o que salga un Sicad que permita variar las circunstancias”.

 

Caso Clorox

 

El presidente de Asoquim lamentó el cese de operaciones de la empresa afiliada y comentó que el comunicado de Clorox fue emitido desde la casa matriz.

“No soy un vocero oficial, pero es una decisión que demoró mucho tiempo en ser tomada. Ellos vienen perdiendo dinero con el control de precios”. Agregó que el cese de operaciones en el país “fue  muy sopesado, ya que han venido alertando que están perdiendo dinero y el negocio no es viable”. (El Mundo)

 

Esperan otra revisión de precios en rubros de limpieza

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) ajustó el precio de los productos de cuidado personal y aseo del hogar a comienzos de mes.

La medida se esperaba en la industria, ya que los precios de esos productos acumulaban casi tres años congelados. Sin embargo, tras analizar los ajustes permitidos por la Sundde, en la industria concluyen que son insuficientes en el caso del cloro, desinfectante, cera para pisos y lavaplatos en crema.

“Ahí los precios no daban, se ha venido pidiendo a la Sundde reuniones para volver a evaluar esos precios que quedaron con márgenes que no tienen rentabilidad”, afirmó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim).

Aunque aclara que el análisis de las estructuras de costos le corresponde a cada empresa, explica que en tres años la inflación ha sido creciente, los costos de materias primas, fletes y tarifas portuarias se han acelerado, pero los nuevos precios de venta no reconocieron esa realidad. Un análisis a los precios fijados por la Sundde le da la razón.

En las presentaciones más pequeñas, y las de mayor demanda, el alza de precios fue de menor proporción que al aplicado en las presentaciones más grandes. En el cloro, por ejemplo, el aumento autorizado para los industriales en la presentación de 500 mililitros fue de 17%, y en la de 900 mililitros fue de 53%. En cambio, en el envase de 5 litros el incremento permitido por la Sundde llega a 152%.

 

En la cera para pisos ocurrió lo mismo. En las presentaciones de 900 mililitros y en la de un litro, los ajustes a nivel de la industria apenas fueron de 10%. Pero en la presentación de 3,875 litros la Sundde permitió un aumento de 87%.

En el caso del lavaplatos en crema la industria sólo recibió ajustes de entre 17% y 25% en las presentaciones que van desde 230 gramos hasta la de 500 gramos. En los desinfectantes el alza permitida para los fabricantes osciló entre 16% para la presentación de 500 mililitros y 42% para la de 3,875 litros. “El subsector de fabricantes de productos de cuidado del hogar quiere manifestar su compromiso con seguir produciendo, pero quieren dejar de forma muy clara la inviabilidad que supone trabajar sin rentabilidad”, aseveró Olalquiaga.

El pasado lunes la Corporación Clorox de Venezuela, filial de la multinacional The Clorox Company, anunció el cese de la producción al considerar que su operación en el país “ya no es viable” debido al control de precios que la empresa sufrió en los últimos tres años.

La fabricante de marcas como Nevex, Mistolín y Bon Bril afirmó que vender con precios por debajo de sus costos le representó “constantes pérdidas operativas”.

Para el presidente de Asoquim, el caso de Clorox debe ser una alerta para las autoridades. “Clorox es un ejemplo muy ilustrativo de lo que es una política desacertada de Gobierno en términos de no permitirle a una empresa tener rentabilidad, la empresa al no tener rentabilidad tiene que cerrar”. (El Universal)

 

Ajustes no cubren costos de producción

El Ejecutivo nacional revisó 10 de los 18 alimentos con precios controlados que estaban rezagados con respecto a los costos de producción, además de las 19 categorías que incluyen los productos de cuidado personal y mantenimiento del hogar.

Voceros de la industria, indican sin embargo, que dichos aumentos, además de tardíos han sido insuficientes para cubrir los costos de producción, situación que tiene en apuros a las empresas que hacen grandes esfuerzos por mantener las plantas operativas.

Las empresas presentaron al Ejecutivo sus estructuras de costos en las que mostraron el alza que registran los costos de producción, y el rezago que acumulan los precios regulados.

Pese a que los aumentos que permitió el Ejecutivo en los precios de los alimentos oscilaron entre 31,39% (arroz de mesa) y 279% (leche cruda), no lograron corregir el rezago.

Las materias primas agrícolas de producción nacional, arroz paddy, maíz y café, también entraron en las revisiones de precios, motivo por el cual las empresas han elevado al Ejecutivo la solicitud de revisar nuevamente los precios.

Sin embargo, el Gobierno ha sido tajante al señalar que ya los precios han sido revisados, y que una vez finalizadas las cosechas, se instalarán las mesas para una futura revisión.

El control de precios no es el único factor que compromete el desenvolvimiento del sector primario. La escasez de divisas es otro elemento que suma problemas a la producción.

El retraso en la asignación y liquidación de divisas generó fuertes retrasos en la importación de insumos y materias primas, que hoy afectan la producción.

Fuentes del sector agroindustrial, que prefirieron mantener su nombre en reserva, expresaron preocupación por los niveles en que se encuentran los inventarios. Durante años las empresas han venido operando con existencias mínimas pero la situación actual compromete la viabilidad y la producción en algunos rubros.

El sector privado está a la espera de las medidas macroeconómicas que el Gobierno prometió anunciar a mediados de este año, y que aún no se han materializado.

Fuentes de la agroindustria señalan que hay inventarios de materias primas para garantizar la producción de este año, pero los inventarios que requieren las industrias para operar durante los primeros meses de 2015 no están disponibles.

Esta situación preocupa en las empresas, según expresaron las fuentes, debido a que los lapsos para las importaciones están ajustados. (El Universal)

 

Productores de papa alertan sobre retraso en la importación de semillas

El 30 de julio pasado los productores de papa de todo el país llegaron a varios acuerdos con el Ejecutivo: el primer punto de consenso fue que se respetase el cambio de 6,30 bolívares por dólar para la importación de semilla en la próxima siembra; también convinieron que sería Agropatria la entidad que traería el insumo para mantener los costos de producción; además, quedó establecido que se revisaría la cantidad que se necesitaría importar para cubrir la demanda nacional.

Hasta el momento, ninguno de esos acuerdos ha sido ratificado, revisado o comunicado oficialmente por el actual ministro de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán.

“Tememos que estén haciendo algún cambio a los acuerdos, nos preocupa que a la fecha no se han reunido con nosotros. No sabemos cuándo se hará la importación de las semillas, ni qué empresa las traerá ni a qué precio”, señaló Aldemaro Ortega, presidente de la Asociación de Papas de Carabobo (Asopapa).

Ortega explicó que la única forma de mantener los costos de producción en bajos estándares es que el Gobierno respete los acuerdos a los que llegó con los productores.

“Nos interesa minimizar los costos de producción por hectárea. El año pasado producir una hectárea de papa costaba 120.000 bolívares, si nosotros logramos concretar lo que acordamos con el MAT, mantendremos el precio del kilo de papa en 14 bolívares; de lo contrario, se nos hará imposible vender a ese precio”, dijo el presidente de Asopapas.

Por otro lado, el rendimiento de la producción de papa dependerá de la calidad de la semilla que importe Agropatria, y que sea verificada por los productores.

“En promedio, con una buena semilla como la del año pasado, el rendimiento oscila entre 12.000 y 25.000 kilos por hectárea. Pero si no se traen las semillas de calidad óptima, la producción será baja y no alcanzará a cubrir los costos de producción”, explica Ortega.

Por otro lado, la importación de semillas debe superar las 7.000 toneladas para poder cubrir la demanda del país. Ortega asegura que el año pasado esta cantidad no alcanzó para la totalidad de los productores ni para el rendimiento nacional.

“Para la siembra todos los años se traen dos cargamentos de semillas de papa, un primer barco que llega en noviembre con 3.500 toneladas y otro en enero que trae otras 3.500. Este año solicitamos que se nos dijera quién iba a contratar la semilla para poder hacer pedidos más grandes que logren cubrir la demanda nacional”, dice Ortega.

Los productores de papa esperan por una reunión técnica de emergencia con el ministro Berroterán a fin de asegurar que la siembra de papa se ejecutará a tiempo, con una semilla económica y de alta calidad que pueda rendir lo suficiente para cubrir los costos de producción agrícola.

“Nosotros emitimos una solicitud de audiencia con el nuevo ministro y viceministro, Agustín Riger. No nos han dado respuesta y el tiempo pasa, el 1° de noviembre se comienza a preparar la tierra, por lo que requerimos las semillas a más tardar en octubre; por eso, necesitamos saber cuándo será la importación”, expresó el presidente de Asopapas.

 

Costos apretados

 

La mano de obra de la cosecha de papa que concluyó en marzo de este año cobraba para entonces 150 bolívares diarios.

Para la próxima siembra, que se inicia el 1° de noviembre, los trabajadores han advertido que el jornal diario costará 250 bolívares. Este aumento, de más de 67%, impactará en el costo de la producción del kilo de papa para el próximo año.

“Este año, aunque nosotros vendemos el kilo a precios razonables, los intermediarios hacen que llegue al consumidor hasta en 80 bolívares. Si nuestro kilo sube, hay que imaginarse cómo elevarán el precio al consumidor”, advirtió Ortega.

Este año las hortalizas y las verduras constituyen uno de los rubros que más han influido sobre el promedio de inflación nacional. Fuentes del sector aseguran que este año la inflación agropecuaria podría llegar a 60%.

“Cuando los intermediarios se llevan la papa del campo, de inmediato encarecen el producto, por varias razones, entre ellas porque la mayoría no son financiados y porque ajustan precios según inflación”, explica Ortega.

Organizaciones de paperos como Funda Proandes, la Asociación de Productores de Papa de Mérida, Apropapa Lara, la Federación de Paperos de Venezuela y y Asopapa de Carabobo enviaron un comunicado al MAT en el que describen la situación del sector y el riesgo de que aumenten los costos de producción este año. (El Mundo)

 

Venoco: No especulamos ni acaparamos lubricantes

Industrias Venoco negó su responsabilidad en la escasez de lubricantes y aceites para carros que se registra en el país y rechazó la acusación de explotación laboral hacia sus trabajadores.

En una carta publicada este domingo en la prensa nacional, la fabricante denunció que el proceso de “adquisición forzoza” decretado en 2010 en su contra, se ha reanudado de “manera intempestiva y expedita”.

Ese proceso se realiza, según Venoco, tras la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado 18 de septiembre, que rechaza un recurso de nulidad contra ese decreto.

Al argumentar su rechazo al recurso de nulidad, la sala del TSJ aseguró que Industrias Venoco realizaba prácticas de acaparamiento y especulación , a expensas del suministro de materia prima otorgado por el Estado.

Sin embargo, la empresa aseguró ninguna de sus filiales “ha sido sancionada por organismo alguno por los señalamientos de acaparamiento, especulación y explotación”.

Incluso, aseguró que tras conocer la decisión del TSJ representantes de la empresa presentaron “pruebas fehacientes” ante funcionarios de Pdvsa y del ministerio de Petróleo de la inexistencia de prácticas de especulación y explotación a sus trabajadores.

Ante la situación de escasez nacional en varios productos “las empresas Venoco no se hacen responsables por el recrudecimiento de esta situiación como consecuencia del proceso de ‘adquisición forzoza’.

La carta, dirigida al presidente Nicolás Maduro, es firmada por la junta directiva de la empresa. (El Mundo)

 

Ensambladoras esperan pago de deuda para reactivarse

Para la industria automotriz 2014 es un año perdido y las expectativas se centran en encontrar soluciones para que la historia no se repita en 2015.

El pasado martes el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, se reunió nuevamente con directivos de las ensambladoras y de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Productos Automotores (Favenpa).

Algunos de los empresarios que asistieron al encuentro explican que aún no reciben el pago de la deuda por importaciones no liquidadas, pero calculan que en las próximas dos semanas el Ejecutivo nacional empezará a cancelar parte de la deuda. “Podemos decir que aún no tenemos el dinero depositado pero debe haber respuestas en 2 semanas”, afirmó uno de los empresarios que asistió a la reunión con Rodolfo Marco Torres, pero que prefirió reservar su identidad.

Desde hace semanas Marco Torres y el alto comisionado de Estado para la industria automotriz, Saúl Ameliach, han atendido las peticiones de la industria automotriz. En esos encuentros las ensambladoras plantearon posibles esquemas de pago para resolver la deuda que tienen con sus casas matrices.

Ahora las empresas esperan que se les liquiden las divisas para lograr planificar la producción del próximo año, si se toma en cuenta que el proceso de importación del material de ensamblaje puede demorar entre 60 y 90 días, dependiendo del lugar de procedencia. “Estamos en eso, la idea es que esta situación no se repita el año que viene”, agregó el empresario consultado.

“Estamos confiados que en los próximos meses la industria automotriz se va a reactivar en su totalidad”, afirmó Saúl Ameliach, según una nota de prensa enviada por la Gobernación del estado Carabobo, a propósito de la reunión del pasado martes.

Datos de la industria automotriz indican que la deuda de las ensambladoras con sus casas matrices ronda los 2 millardos de dólares. Esa ha sido la causa principal por la que prácticamente las siete ensambladoras del país han sufrido paralizaciones forzosas este año tras quedarse sin material de ensamblaje o por la que han sufrido una drástica caída en la producción.

Las cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) indican que ente enero y agosto de este año apenas se han ensamblado 8.508 vehículos, cifra que supone una contracción de 83,31% con respecto al mismo lapso de 2013.

Otra de las ideas planteadas entre los empresarios y las autoridades es la definición de un presupuesto de divisas para el funcionamiento de la industria el próximo año. Desde la óptica de las ensambladoras eso permitiría planificar las metas de ensamblaje.

Desde Favenpa se ha trazado como objetivo que en 2015 se ensamblen 120 mil carros, cifra que representa un 50% de la capacidad instalada. (El Universal)

 

Trabajadores instalarán esta semana nueva junta administradora de empresa Clorox

Los trabajadores de la planta estadounidense de productos de limpieza Clorox instalarán la semana que viene una junta administradora provisional conformada por una representación de los obreros y técnicos de la empresa y de los ministerios para el Proceso Social del Trabajo, de Comercio y de Industria para reorganizar la reapertura de las plantas de producción de Carabobo, Miranda y la sede administrativa de Caracas, luego que sus dueños cerraran arbitrariamente sus puertas y anunciaran a sus trabajadores, mediante mensajes telefónicos de voz, que habían sido liquidados porque abandonarían el país.

 

Luis Piñango, uno de los trabajadores, informó en un contacto telefónico con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que la junta administradora provisional tendrá participación los trabajadores de las distintas plantas.

Detalló que en representación de la planta de Santa Lucia del Tuy, en Miranda, estará él y su compañera, Teira Cerrada; por la planta de Guacara, en Carabobo, Andrés Torres y por la sede administrativa de Caracas, Yully Muñoz.

Piñango destacó la participación que han tenido diversos representantes del Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones al problema que enfrentan desde el pasado lunes 22 de septiembre los trabajadores de las plantas de Guacara y de Santa Lucía.

“Desde el anuncio del cierre de la empresa los trabajadores nos organizamos y nos hemos reunido con los diputados a la Asamblea Nacional, Oswaldo Vera y Elio Serrano, con representantes del Ministerio del Trabajo, Comercio, Industria, y el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza”, resaltó.

Por su parte, Teira Cerrada informó, también vía telefónica, que la próxima semana se realizará un inventario general de los bienes que se encuentran en la empresa, a fin de precisar cuánta materia prima poseen a la fecha, cuáles máquinas son propias y cuántas alquiladas, así como con qué empresas es necesario reactivar contratos de servicios.

“Sin la intervención del Gobierno Nacional y su apoyo nada de esto sería posible. La visita del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, nos brinda confianza y tranquilidad a los trabajadores porque ahora sí estamos seguros de que la empresa continuará prestando sus servicios y la producción no se paralizará”, destacó.

Piñango agregó que “si este gobierno se manejara con visión capitalista hoy más de 780 trabajadores estaríamos sin esperanza de recuperar nuestros empleos”, manifestó.

Este viernes el vicepresidente ejecutivo de la nación, Jorge Arreaza, fue a la planta Clorox de Miranda a reunirse con los trabajadores con quienes acordó prestar apoyo técnico y económico para la reactivación de la planta.

“Nosotros vamos a hacer un plan de reactivación”, indicó Arreaza en la reunión y recorrido que hizo por la planta.

Desde allí explicó que los trabajadores estuvieron hasta el viernes 19 de septiembre en sus funciones normales; luego, a su llegada el lunes en la mañana se encontraron con los portones de la empresa cerrados “y después les mandaron unos mensajitos de voz a sus celulares, de cinco minutos, de parte del que era presidente de esta empresa, Oscar Ledezma, y les decía ‘nos vamos de Venezuela, ya les depositamos su liquidación en una cuenta, aunque ustedes no lo quieran, ni lo supieran. Ya la fábrica no va a trabajar más’”, contó.

Destacó que producto de la conciencia de la clase trabajadora, un grupo de trabajadores se acercó a la Inspectoría de Trabajo y el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo para denunciar la situación y manifestar su voluntad de continuar produciendo los productos de limpieza para el pueblo venezolano.

“Ellos hicieron el reclamo ante el del Ministerio de Trabajo (…) se dictó una providencia donde se ordenaba la reactivación a ese grupo empresarial de las actividades. Hicieron caso omiso. No podía ocurrir otra cosa porque se fueron fuera de Venezuela. No hemos hablado con ninguno de ellos (dueños y directiva de la fábrica), sino con un representante legal en Argentina. La providencia no la cumplieron, por lo que los trabajadores solicitaron una ocupación temporal y aquí estamos, aquí está el Gobierno obrero del presidente Nicolás Maduro, ocupando temporalmente estas instalaciones con los trabajadores plenamente conscientes de su rol en este momentos histórico”, expresó. (AVN)

 

Pese a las subastas, productos navideños llegarán después de la temporada

En las últimas dos subastas del Sistema Complementarios de Administración de Divisas, Sicad I, –del 15 y el 19 de septiembre– fueron convocados los “bienes tradicionalmente consumidos en la temporada navideña”. A los empresarios les pareció positivo que el Centro Nacional de Comercio Exterior los haya llamado a participar en las pujas por dos semanas seguidas; sin embargo indicaron que las invitaciones tuvieron que hacerse antes debido a los lapsos que implica el proceso de importación.

El presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, señaló que, según el mercado de origen y volumen de compra, los productos comprados en el exterior pueden tardar hasta 90 días en llegar al país y los trámites de aduana y nacionalización se llevan entre 10 y 15 días más.

Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, afirmó que lo que se pueda adquirir con las subastas del Sicad I de las últimas dos semanas llegará después de la temporada navideña. “Solo traer un contenedor de mercancía tarda entre 80 y 85 días. Saquemos cuenta, los lapsos no dan”, reiteró. Dijo que esto demuestra lo desacertado que son las políticas económicas del gobierno. “Unilateralmente toma decisiones. Los comerciantes son los que saben cómo es el proceso de importación en Venezuela. Lamentablemente, en 2014 se repetirá la historia de años anteriores: muchos productos decembrinos llegaron después de la época”, recordó.

Tancredi agregó que gran parte de los adornos navideños que comienzan a verse en las tiendas son de lotes de mercancía que los comerciantes no recibieron en 2013, sino en los primeros meses de este año. “Para abastecer los anaqueles en el último trimestre del año –en el que se registra el mayor volumen de ventas–, los comerciantes suelen presentar las órdenes de compra a sus proveedores internacionales entre los meses de junio, julio y agosto”, expresó.

El directivo no conoce con exactitud la cantidad de empresarios que pudieron hacer los pedidos de mercancía a mitad de año: “La severa dificultad que existe hoy en día para obtener divisas ha hecho que la comunicación entre el gremio sea cada vez más escasa. La posibilidad que puedan tener algunos de importar se ha convertido en una gran ventaja competitiva”.

Por el contrario, el presidente de Consecomercio dijo que sí sabe de muchos comerciantes que tienen los pedidos de mercancía listos desde hace un tiempo, a la espera de conseguir dólares por alguna vía para formalizarlos ante los proveedores. Señaló que la deuda que acumulan los empresarios venezolanos en el exterior, por la demora del gobierno en liquidarles las divisas, ocasionó que los vendedores les suspendieran las líneas de crédito y exigieran pagos por adelantado.

Cuesta arriba. Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta, indicó que quedaba poco tiempo para abastecer los anaqueles de Margarita, que en lo que va de año han estado con pocos productos por falta de divisas.

Sobre lo que se pueda importar con las divisas que asignen las últimas subastas del Sicad I, Bellorín dijo que era poco probable que diera tiempo de adquirir los productos que tradicionalmente se venden en la isla: quesos, delicateses y chucherías, entre otras cosas. “Eso es lamentable, porque los visitantes vienen, además de hacer turismo, a comprar todo lo que en tierra firme consiguen más costoso”, refirió.

Para surtir los comercios de la isla, y que en diciembre tengan qué ofrecer a los turistas, Bellorín sugirió que el gobierno debe asignarles a los empresarios neoespartanos, lo antes posible, 200 millones de dólares.

Con ese monto, añadió, las tiendas de ropa y zapatos de la isla podrían abastecerse y prepararse para Navidad porque 70% de las importaciones de estos artículos provienen de Panamá. “Se trata de origen cercano, que sí daría tiempo de traer para fin de año”.

$ 250 millones semanales

Para mantener los anaqueles bien abastecidos, el sector comercial debería contar con alrededor de 250 millones de dólares a la semana, informó el presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi.

La cifra es inferior a lo que semanalmente adjudica el Centro Nacional de Comercio Exterior entre varios sectores del sector privado: en cada subasta se asigna aproximadamente 220 millones de dólares.

El Sitme, Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera, era una vía efectiva para obtener dólares, dijo Tancredi. Agregó que diariamente este mecanismo podía proveer entre 40 millones y 50 millones de dólares.

Recordó que por la falta de divisas en el segundo trimestre de 2014 los inventarios registraron una caída de 71% y las ventas descendieron 44%. Aún no tiene el comportamiento del sector en los últimos tres meses, pero afirmó: “No hay razones para pensar que haya un cambio positivo”.

Reiteró la necesidad de facilitar el acceso a las divisas y unificar las tasas de cambio. Con el Sistema Complementario de Administración de Divisas, Sicad I, y el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, Sicad II, no se puede planificar y crea distorsiones en el mercado: “Un mismo producto puede encontrarse con dos precios, según la tasa a que se haya adquirido”. (El Nacional)

 

En peligro estabilidad de 1,25 millones de empleados

“No se qué va a pasar conmigo ahora que fusionaron el ministerio con otro”, dijo un funcionario del despacho de Ciencia y Tecnología, que solicitó no mencionar su nombre. Contó que ha hecho muchas diligencias para entrar en la nómina de empleados fijos de carrera, pero sigue bajo la figura de contratado desde 2006.

A las puertas del Ministerio del Ambiente, en la Torre Sur de El Silencio, otra trabajadora contratada y que declinó identificarse manifestó: “Temo quedar en la calle ante una posible reducción de personal”. Labora desde hace doce años en el organismo que fue fusionado con el despacho de Vivienda y Hábitat.

Serbando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores y directivo del sindicato del Instituto de Ingeniería, una de las 87 instituciones que estaban adscritas al recién eliminado Ministerio de Ciencia y Tecnología, afirmó que con la decisión del Ejecutivo de reducir el tamaño del Estado, los empleados jurídicamente más vulnerables de quedar cesantes son los contratados, que ascienden a 1,25 millones de personas en la nómina total de la administración pública central y descentralizada de 3,25 millones de funcionarios y obreros.

“Ante la amenaza de eliminar organismos, los sindicatos, sin importar su tendencia política, están alertas y mantienen una agenda común para defender los derechos de los trabajadores”, expresó el dirigente de la Unete, central obrera chavista, pero deslindada de las políticas gubernamentales.

Una razón esgrimida por el gobierno para decretar las fusiones es que hay mucha burocracia en el sector público a lo que Carbone responde: “Los expulsados no serán los familiares ni los tecnoburócratas cercanos a los personeros gubernamentales sino los débiles jurídicos, los contratados”.

Pablo Zambrano, representante del sindicato de la Salud y de Mosbase, Movimiento de Sindicatos de Base, indicó que en los casos de despido en la administración pública, los trabajadores tienen que esperar cinco y seis años para que les paguen una liquidación devaluada por la inflación. El dirigente insistió en que los empleados no son responsables del crecimiento desmesurado estatal (28 ministerios y más de 100 viceministerios con la consiguiente burocracia) de la gestión chavista.

Asamblea candente. La Gaceta Oficial 40489 del 3 de septiembre de 2014 publicó el Decreto 1226 que ordena la eliminación de los ministerios de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología e Innovación, y establece el despacho de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

La Gaceta también contiene el Decreto 1227, el cual dispone la supresión de los ministerios del Ambiente y de la Vivienda y Hábitat, y crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, y el Decreto 1228 que instituye el despacho de Juventud y Deporte mediante la extinción de los ministerios de Deporte y Juventud.

El miércoles 4 de septiembre, el mismo día que circuló la Gaceta con la medida, 600 trabajadores del Ministerio de Vivienda y Hábitat celebraron en el comedor del edificio sede (Torre Inavi) de la avenida Francisco de Miranda en Caracas una mega asamblea ante la preocupación de su futuro laboral en la nueva estructura decretada por el presidente Nicolás Maduro.

“Al enterarse de la asamblea, el ministro Ricardo Molina se presentó. Hubo palabras duras de su parte y también de los trabajadores, pero quedó claro que la estabilidad laboral de los empleados, obreros fijos y contratados de todos los organismos adscritos al nuevo ministerio no sería afectada por la fusión”, informó Antonio Suárez, secretario de Organización del sindicato de base de Vivienda y Hábitat y presidente de Fedeunep, Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos.

Contó que en la reunión, la cual se prolongó hasta las 10:00 de la noche, Molina les explicó que cada organismo adscrito va a tener su viceministro para hacer la gestión más eficiente. El sindicalista destacó la gran complejidad que implica fusionar 18 organismos (dos ministerios, las empresas hidrológicas regionales y el Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo, entre otros), pues se deben unificar los procedimientos, presupuestos y finanzas, y la clasificación de cargos y nóminas, además de eliminar o modificar leyes, resoluciones y medidas internas de cada institución.

Otro acuerdo logrado en la asamblea de trabajadores fue la formación de siete u ocho mesas de trabajo que estarán integradas por los directores, viceministros y trabajadores con la idea de articular acciones y metodología sobre la nueva organización, además de elaborar el presupuesto de 2015. Las mesas de trabajo se reúnen dos veces a la semana (lunes y miércoles).

Suárez refirió que los sindicatos del otrora Ministerio del Ambiente, las hidrológicas y los otros organismos que forman el nuevo despacho también están activos y vigilantes para que el proceso de consolidación institucional, el cual llevará de dos a tres años, se haga de la manera correcta.

El presidente de Fedeunep precisó que los organismos involucrados en el Ministerio de Vivienda y Hábitat y Ecosocialismo emplean a 15.000 funcionarios y obreros, cuyos beneficios laborales no podrán ser desmejorados en la nueva estructura.

 

Trabajadores perdieron en fusiones anteriores

 

La preocupación de los empleados y obreros de perder el empleo no es infundada, pues en el pasado las reestructuraciones de organismos significaron despidos masivos. Tal es el caso de la fusión de los ministerios de Planificación con el de Finanzas, proceso que dejó cesantes a 1.200 trabajadores fijos y contratados el 23 de diciembre de 2010.

“Ante estos despidos el Ministerio del Trabajo nunca fijo posición sobre la solicitud del reenganche de los trabajadores”, recordó Betty Suárez, directiva del sindicato del Ministerio de Finanzas. Agregó que acudieron a todas las instancias y culminaron en una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia, que “no se pronunció y señaló que no lo podía hacer porque había demandas individuales en marcha”.

Otra situación que no se solucionó fue el traslado de los trabajadores al nuevo organismo: 1.850 empleados del Instituto Agrario Nacional, suprimido por orden del Ejecutivo en 2002 con motivo de la creación del Instituto Nacional de Tierra

En agosto de 2012, el Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato denunció el despido de 1.500 trabajadores de la Alcaldía Libertador. Fadess ha alertado que los organismos se niegan a reinsertar en sus puestos a más de 3.000 trabajadores, pese a las órdenes de reenganche emitidas por las inspectorías del trabajo. (El Nacional)

 

Importaciones descienden al nivel de hace cuatro años

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que el volumen de las importaciones del primer semestre es el menor en cuatro años y uno de los peores desde 2006.

Entre enero y junio de este año las compras al exterior sumaron 17.351 millones de dólares, cifra que es un 21,8% menor a la del mismo período del año pasado. Si se mira hacia los años previos, se observa que para encontrar otra cifra tan baja en las importaciones de un primer semestre hay que retroceder hasta 2010.

Hace cuatro años las compras al exterior fueron de 15.014 millones de dólares. Sin embargo, entre 2011 y 2013 oscilaron entre los 20 mil millones y los 25 mil millones de dólares, siendo superiores a las de 2014.

Las importaciones del primer semestre de 2009, 2008 y 2007 también fueron mayores a las de los primeros seis meses de este año. Sólo las de 2006 fueron menores ya que apenas sumaron 13.171 millones de dólares, según el INE.

El sector privado ha denunciado que desde finales del año pasado ha habido un recorte en la asignación y en la liquidación de las divisas, lo que ha impedido a las industrias reponer sus inventarios de materia prima y a los comerciantes traer productos terminados.

De acuerdo a la Encuesta Comercial y de Negocios, realizada por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), en el segundo trimestre del año, 86,5% de los comerciantes no pudo realizar sus importaciones directamente y apenas 13,5% tuvo posibilidad de comprar divisas para realizar sus importaciones.

Cuando a los comerciantes se les consultó sobre los “factores restrictivos” para desempeñar su actividad el 82,4% de los encuestados mencionó al control de cambio.

La opinión de los industriales es similar. En la encuesta de coyuntura del segundo trimestre elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el 87% de los consultados destacó la “falta de divisas” como el principal factor que restringe la producción.

El pasado jueves el presidente del Cencoex, Alejandro Fleming, se reunió con empresarios ligados a la importación de productos para la navidad. Pidió a los empresarios “agilizar” los embarques y se comprometió a apurar las liquidaciones de divisas. (El Universal)

 

Crean estructura para afianzar modelo de economía comunal

El Gobierno arrancó una nueva etapa de impulso del modelo de economía comunal y para ello está organizando una estructura que abarca al Consejo Presidencial de Gobierno de las Comunas así como la conformación de más empresas comunales y un banco comunal.

Desde hace siete años se inició el tránsito hacia el sistema socialista. En 2007 el expresidente Hugo Chávez decidió avanzar hacia ese régimen siendo el primer paso: la reforma constitucional. Y aunque esas modificaciones a la Carta Magna fueron rechazadas en un referendo, ello no impidió al ex mandatario impulsar el socialismo del siglo 21 por medio de la Habilitante y aprobar las leyes que constituían la propiedad social. Luego, la Asamblea Nacional complementó con los marcos legales que dieron poder a las comunas.

De acuerdo a las leyes, en el modelo de economía comunal se contempla que las comunas (conformadas por consejos comunales) tengan empresas en diversas áreas y asuman competencias de gobernaciones y alcaldías. Esas organizaciones productivas tienen que operar en los distritos motores y gran parte de los recursos para los proyectos los asigna el Estado.

 

Organización

 

Esa estructura ya mencionada del modelo se amplía y ahora comienza con una instancia denominada Consejo Presidencial para las Comunas.

El 18 de septiembre en una alocución el presidente Nicolás Maduro indicó que “nosotros vamos con todo a demoler los restos del estado burgués y vamos a ir de manera progresiva, a paso seguro (… ) Y a construir un Estado de verdad democrático, eficiente, un Estado verdaderamente social”, y autorizó el Consejo Presidencial para las Comunas.

Dicho Consejo, según el jefe de Estado, es “una estructura de poder para la toma de decisiones”. Por debajo estarán los gabinetes comunales, que se encargarán de programar encuentros sectoriales de planificación, economía, entre otras áreas.

Tras esas instancias superiores, se encontrarán las empresas comunales. El Vicepresidente de Socialismo Territorial y ministro de las Comunas, Elías Jaua, expresó hace dos semanas que es necesario impulsar “la propiedad de los medios de producción en manos de la comuna. Propiedad social en distintas combinaciones. Y eso tiene que ver con la creación de un nuevo modelo económico en la comuna, el modelo económico socialista. Debemos crear un sector de producción y distribución de alimentos, de ropa, de calzado, que sea mixto, que sea estatal, que sea colectivo y que también sea privado”.

Ya el Estado ha conformado empresas comunales en las áreas agrícola e industrial, pero de acuerdo a las memorias y cuentas de los ministerios hasta el 2013, esas organizaciones registraron limitaciones financieras, tuvieron dificultades con el suministro de insumos y problemas con la capacitación del personal.

Para seguir acelerando el modelo, Nicolás Maduro aprobó la conformación de más empresas comunales orientadas a los servicios, pues el objetivo es iniciar el proceso de transferencia de competencias. De hecho, Jaua apuntó que “la transferencia de competencias, tiene que ir acompañada por un componente del ente que transfiere la competencia, sea Corpoelec, Hidrocapital o cualquiera de las empresas del Estado, y también durante un año que los recursos de Safonapp, puedan soportar el presupuesto de cada una de las empresas a las cuales se les irán transfiriendo paulatinamente las competencias”.

Ya la Ley a Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, aprobada con los poderes especiales de 2012, ordena a los “órganos del poder público nacional, los estados y municipios” la transferencia de gestión de servicios y actividades hacia las comunidades.

Ese proceso de ampliación del modelo comunal también abarca el área financiera. Las comunas tendrán bancos, además de recibir divisas por medio de Corpovex (Corporación Venezolana de Comercio Exterior).

Maduro apuntó que nacerá “un gran banco de desarrollo comunal que va a fusionar todos los fondos y bancos de desarrollo que tenemos”.

La institución surgirá de la fusión del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), Banco del Pueblo y Banco de la Mujer. Estas entidades ya estaban encargadas de canalizar recursos a los proyectos comunales, y ese dinero lo transfería el Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp), el cual además se alimenta de los aportes del Estado.

Adicional a los financiamientos, las comunas tendrán acceso a las divisas. El primer mandatario llegó a expresar que “cómo puede ser que cualquier empresa que se crea, accede a los dólares de la República para traer cualquier producto y los consejos comunales, las comunas que son la voz de millones (…) , no tienen acceso a dólares; eso es una locura” .

Para autorizar los dólares el Safonapp firmará un convenio con el Consejo Presidencial de Comunas y Corpovex aprobará las divisas. (El Universal)

 

Crisis económica amenaza la petrodiplomacia venezolana

La petrodiplomacia chavista, esquema de compras de lealtades de países vecinos a través de subsidios petroleros, le ha costado al Estado venezolano más de $44,000 millones en los últimos años, y aún cuando sus frutos políticos son cruciales para la estabilidad del régimen bolivariano, el colapso económico del país sudamericano han vuelto el programa insostenible, dijeron analistas a El Nuevo Herald.

Los subsidios que Venezuela otorga a los países de Centroamérica y del Caribe a través de Petrocaribe y a Cuba, a través del Convenio Integral de Cooperación (CIC) se están tornando difíciles de mantener para una nación cuya economía está en vías de implosión, advirtieron los expertos.

“Venezuela ya no puede seguir sustentando estos programas”, comentó desde Washington Antonio De La Cruz, director Ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends.

“Va llegar un momento, en los próximos meses en que ellos van a comenzar a recortar los envíos, porque van a necesitar ese crudo para obtener las divisas que necesitan para aliviar la escasez”, agregó De La Cruz en referencia a la aguda escasez de productos por la que atraviesa Venezuela, donde siete de cada diez productos básicos no pueden ser encontrados en los anaqueles de los supermercados.

Jorge Piñón, director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin, coincidió con que los subsidios de crudo que Venezuela otorga al Caribe a través de Petrocaribe, tienen sus días contados.

“Las condiciones de pago del acuerdo de Petrocaribe no son comerciales ni sostenibles para Venezuela, ya que otorga largos créditos de pago por un monto de hasta el cincuenta por ciento de la factura en un momento en que le país sufre una difícil crisis en el flujo de caja”, resaltó el académico.

Los expertos dijeron que la suspensión del programa probablemente comenzará a producirse gradualmente con el correr de los próximos meses de la mano del continuado deterioro de la economía venezolana.

Pero Cuba, el país que más se beneficia de los subsidios petroleros venezolanos, obteniendo cerca de la mitad del total de crudo enviado, sería el último en verse afectado.

“Cuba sería una excepción […] sería la última en sufrir las consecuencias de una colapso económico Venezolano que pudiera poner fin a los acuerdos políticos-petroleros”, dijo Piñón.

Para Venezuela, el beneficio que obtiene de los subsidios que otorga a través de Petrocaribe es de carácter político.

“Petrocaribe ha demostrado ser un éxito diplomático para Venezuela, generándole lealtad política de muchos países miembros en los foros regionales e internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA)”, resaltó un estudio elaborado por la Universidad de Texas en Austin y el Atlantic Council de Washington, Energía Insegura, la apuesta del Caribe con Venezuela,

Esa “lealtad” estaba inicialmente basa en los favorables términos que otorga Petrocaribe, pero con el correr del tiempo, refleja más el alto grado de endeudamiento que estas naciones ahora tienen con Venezuela y la creciente dependencia en el suministro venezolano.

Y el régimen de Nicolás Maduro hace uso de esas “lealtades” cuando requiere de ellas.

“Ejemplos de esa influencia no son difíciles de encontrar. Cuando Panamá convirtió a la congresista disidente María Corina Machado en una integrante temporal de su delegación ante la OEA en marzo del 2014, los países miembros realizaron una inusual votación, que fue aprobada, para prohibir que la sesión en la que ella participó estuviese abierta al público”, resaltó el informe.

“Muchos observadores atribuyeron el respaldo casi total del Caribe en la votación a la dependencia de la región a Petrocaribe y otros programas de asistencia venezolanos. Otros resaltaron las declaraciones realizadas previamente ese mes por Maduro de que aquellos que interviniesen en los asuntos venezolanos ‘se quedarían secos’ y pagarían un alto precio”, agregó.

Según el estudio, los envíos de crudo venezolano a CIC y Petrocaribe han aumentado de desde los 145,000 barriles por día (bpd) del 2006 hasta 211,000 bpd en el 2013.

El crudo venezolano enviado a lo largo de esos seis años tiene un costo de mercado de $44,273 millones. Pero Venezuela solo requiere que se le pague una porción del costo al inicio, lo que deja al gobierno del país beneficiaron con la posibilidad de gastar el saldo en proyectos de inversión o para suplementar el gasto público.

El resultado es que Venezuela hoy exporta cerca de 45,000 bpd de crudo y 76,000 bpd de productos refinados a los países beneficiarios de Petrocaribe, además de enviar 85,000 bpd de crudo y 6,000 bpd en productos refinados a Cuba, detalla el estudio.

Ese flujo de crudo y productos representan un fuente crucial de ingresos para muchas de las naciones del Caribe que con el tiempo se han vuelto dependientes de los bondadosos términos venezolanos para poder financiar sus propios presupuestos nacionales.

No obstante, “la turbulencia política y el deterioro económico de Venezuela […] hace que el futuro del programa sea al menos incierto, y la continuada dependencia de los países beneficiaros poco sensato”, advirtió el informe.

Además de los problemas económicos de Venezuela, que se verán agravados por los venideros vencimientos de deuda que tiene en Wall Street, la continuidad de los subsidios también se está viendo amenazadas por las obligaciones adquiridas por el país sudamericano con China, cuyo cumplimiento requieren de mayores envíos de crudo al país asiático.

Ese crudo deberá ser suministrado pese a que la producción nacional ha estado disminuyendo debido a la falta de inversiones en el sector.

Una eventual suspensión en los suministros del crudo venezolano propiciaría un duro golpe para países como Republica Dominicana y Jamaica que dependen de los envíos de Caracas para mantener sus refinerías, explicó Piñón.

Eso generaría una situación muy complicada dado a que la estatal venezolana PDVSA es dueña del 49 por ciento de ambas refinerías y un incumplimiento de Venezuela en el suministro de crudo podría llevar a Caracas a perder su participación accionaria en esos activos, dijo Piñón.

Pero la situación sería mucho más dura para las pequeñas islas del Caribe.

“Pudieran tener un gran apagón, sin ellos tener las líneas de crédito necesarias para comprar combustible en los mercados internacionales”, advirtió Piñón. (La Patilla)

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Publicado por RunRun.es
Información y opinión escrita por los periodistas y especialistas más reconocidos de nuestro país.

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