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Lupa para funcionarios fronterizos

Política | 01:30 p.m.

La contralora general Adelina González sostuvo, en entrevista exclusiva a ÚN, que “no es descabellado” que funcionarios en puestos de frontera hagan declaración jurada

Génesis Carrero Soto | Narkys Blanco | ÚN.-  La contralora general (e) de la República desde 2011, Adelina González, considera “viable” la propuesta de algunos partidos del Gran Polo Patriótico (PPT y PCV) de solicitar una declaración jurada a los funcionarios que se encuentran activos en la lucha anticontrabando en las fronteras. Así lo dijo en entrevista exclusiva a Últimas Noticias.

“Es una buena idea. Todos los funcionarios públicos, por mandato de la Ley contra la Corrupción, deben presentar declaración jurada. Quienes están en la frontera son funcionarios que tienen un cargo de confianza, porque no es de alto nivel, pero no es lo mismo que estés en un cuartel que en un puesto de frontera donde tomas decisiones. Nosotros compartimos ese planteamiento de que se les haga declaración jurada, porque su poder de decisión en el lugar implica una actuación más allá de una vigilancia normal. No es descabellada la idea”.

González cree que el asunto “se puede coordinar con el Ministerio de la Defensa y los organismos de actuación del Estado en la frontera para que los funcionarios actualicen su declaración cuando empiecen en sus funciones y cuando regresen”.

¿Cómo participa la Contraloría en la lucha contra el contrabando en las fronteras venezolanas?

Hemos hecho mucho trabajo de auditoría a las instituciones encargadas del aprovisionamiento, de la importación y envío de alimentos, al problema aduanal, a los alimentos descompuestos en puertos. Hay un seguimiento permanente.

¿De qué va el proceso extraordinario de declaración programado para 2015?

Se hará un llamado extraordinario a toda la administración pública para que declare. Hay gente que tiene declaraciones de hace 15 años cuando no era electrónica y solo llenaban sus planillitas, y esas personas aún permanecen en la administración. Desde 2009 se implementó la declaración digital y se incluyó a los altos funcionarios y los que ingresaron a la Administración Pública desde ese momento, pero no a los que ya estaban laborando. La declaración la deberán hacer todos los trabajadores, desde el funcionario más alto y con más antigüedad hasta el obrero. Todos deberán justificar el dinero que tienen.

La comunidad bajo la lupa. La contraloría social muchas veces se enfrenta a la burocracia de las instituciones del Estado. Las comunidades que denuncian corrupción o desvío de recursos en consejos comunales se quejan de la lentitud del proceso de denunciar, y sancionar, las faltas que se presumen. Así quedó evidenciado en un trabajo publicado en este diario el 17 de agosto.

La contralora Adelina González admite que el procedimiento “es engorroso, fastidioso” y que “probablemente” sea cierto que la institución que encabeza “es lenta”.

“Al denunciante se le toma la denuncia, se le asigna un número y si no es nuestra competencia se remite a la Contraloría del estado que corresponda. No todas las denuncias que llegan son tramitadas por nosotros porque sería un caos. En lo que va de año hemos recibido un total de 300 denuncias, y al cierre del año hay un total de 600 u 800 denuncias. Si nos dedicáramos solo a eso no podría ejecutar mi plan operativo”.

González agrega que todo el proceso “no necesariamente termina arrojando algún resultado, porque en ocasiones no hay soportes que respalden la denuncia. Cuando sí los hay, concluye en una auditoría, se ordenan actuaciones de control, se notifican unos resultados”.

Para la Contralora encargada “la gente siente que no hay respuesta por lo largo del trámite, pero sí hay”, y explica que “esto se demora casi 30 meses, para llegar a poner la sanción de inhabilitación”.

¿Por qué es tan tardío el proceso?

Porque esos son los lapsos que trae la ley. Después de que se notifica y se garantiza el derecho a la defensa del debido proceso, se hace la auditoría y se determina qué es lo que está pasando. Todo eso es muy largo y muy técnico porque sería irresponsable no investigar bien.

¿Qué es lo que más denuncia el poder popular?

Casi siempre, desvío de recursos.

¿Cuál es la frecuencia de esas quejas?

El trabajo publicado por Últimas Noticias se enfoca en las denuncias de las comunidades hacia su propio trabajo y esto es porque hay mucha confrontación de tipo político. Si analizamos las estadísticas de seguimiento, nos damos cuenta de que cada vez que hay elecciones municipales, de diputados, o delegados, o de partidos o congresos, surge aquel volumen de denuncias y la mayoría está relacionada con esos ámbitos porque aún está muy marcado el elemento de desacreditarse políticamente.

¿Cuáles denuncias les competen a ustedes y cuáles no?

La Unidad de Auditoría Interna de este organismo determina esa competencia. Por lo general son cosas que tienen que ver con patrimonio, pero no siempre. A veces recibimos denuncias de cosas que no tienen que ver con nuestra competencia, por ejemplo denuncias de maltrato, acá llega de todo.

¿Cómo funciona la Contraloría dentro de los consejos comunales?

Los consejos comunales están haciendo control, pero hay que creer en su propia estructura. A veces les cuesta creer en la gente que los conforma, pero la unidad económica financiera son solo tres personas. Está la contraloría social que los supervisa y, además, la comunidad. Ellos han asumido su responsabilidad porque hay registrados 43 mil 150 consejos comunales en Fundacomunal. Si nosotros tuviéramos que atender solo las denuncias de ese grupo no podríamos hacer nada más. Pero esos entes han sido preparados y ejercen cargos ad honorem y tienen que presentar declaración jurada de patrimonio, y 151 mil ya lo han hecho; por ende ellos saben que están sujetos a ser auditados y verificados. De hecho, tenemos casos de verificación de miembros de consejos donde ellos han tenido que justificar de dónde sacan los recursos. Hemos tenido avances. Muchos dicen que ya son 15 años, pero los procesos de cambio social son así. 15 años es poco para los cambios que se necesitan y los ciudadanos lo asumen.

¿Cuáles son las sanciones que establece la Contraloría tras las investigaciones?

Nuestras sanciones son administrativas: inhabilitar para desempeñar cargos públicos hasta por 15 años, ordenar la suspensión de sus funciones y su sueldo hasta por 24 meses. Además hay una declaratoria de responsabilidad administrativa que es una sanción moral con peso en la adquisición de nuevas responsabilidades. Si vas más allá, lo enviamos a la Fiscalía.

¿Por qué cree que estos espacios de organización comunal se siguen prestando para la corrupción?

El problema de la corrupción no afecta nada más al funcionario público. Este problema lo ha permeado todo en cualquier nivel de la sociedad, y eso crea vicios que a veces son incontrolables. Y otro elemento que hemos señalado como debilidad de la Administración Pública es la falta de información y seguimiento. Esto impide que las comunidades ejerzan contraloría social. En este caso, los entes que entregan fondos deben seguir el uso de los mismos e informar a las comunidades que se entregó dinero y para qué. La Contraloría General de la República instituyó como obligatorio que el órgano que entregue los recursos les haga seguimiento. Se ordenó que las entregas sean parciales y que no se desembolse más dinero hasta ver en qué se invirtió la parte anterior. Todo esto en el marco de las normas para incentivar la participación ciudadana.

¿Hay investigaciones que tienen prioridad dependiendo de la gravedad o de si implican a algún funcionario de alto rango?

Los casos se atienden cronológicamente, en base al momento en el que son auditados. A veces hay procesos que deben culminarse lo antes posible, situaciones que se deben priorizar. Se han hecho trabajos de investigación partiendo de una denuncia puntualizada en un medio, que han concluido con declaratorias de responsabilidad y destitución. Y muchas de las denuncias tienen que ver con el carácter político, porque los funcionarios públicos estamos expuestos a la contraloría. Pero las denuncias de consejos comunales son la mayoría. Por ejemplo, en junio, de 38 denuncias que recibimos en la sede principal 24 tenían que ver con el poder comunal.

¿Se protege la identidad del denunciante?

Siempre se mantiene en confidencialidad el nombre de quien denuncia, porque no sabemos a qué tipo de problema nos enfrentamos y no podemos exponerlo. Además, cualquier persona puede hacer una denuncia, no es necesario que sea miembro de un organismo conformado. Si la gente siente que los procesos son lentos, tenemos la necesidad de explicar y atender mejor.

SU PERFIL

Abogada egresada de la UCV en 1982.

Estudios de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos (USB) y en Derecho Administrativo (UCV)

Máster en Gerencia Pública (Uned)

Fue concejal del municipio Libertador, directora de la Contraloría Municipal; consultora jurídica del Ivss y gerente del Ministerio de Finanzas

Desde 2000 es subcontralora y desde 2011 se encarga del puesto que dejó vacante al morir Clodosbaldo Russián.

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FOTOS: Daniel Hernández

Publicado por ÚltimasNoticias.com.ve
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